Con
la mudanza de los primeros grupos, que incluyen personas con formación
técnica como cocineros, electricistas y plomeros, arranca el final
para la cárcel de La Victoria, históricamente una academia donde
los presos se gradúan de delincuentes y en la que se planifican muchos de los
peores crímenes del país.
También
una ignominia en la rehabilitación y reintegración de esas personas a la
sociedad. En una conversación franca con Roberto Santana, director
general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, abordamos lo poco ideal,
cuestionable y costosa que ha salido la construcción de Las Parras al pueblo
dominicano cuyo presupuesto se tenía que pagar con los emolumentos del acuerdo
con la empresa Odebrecht tras esta admitir el pago de sobornos para
conseguir obras en el país. Pero es lo que hay.
Allí,
en ese edificio iniciado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez,
sometido por corrupción, se espera reformar a miles de presos condenados y
preventivos.
US$100
millones más cara
Aun
así, Roberto Santana recordó que cuando le fue encomendada la
planificación del sustituto de La Victoria, el proyecto tenía un
presupuesto aproximado de 81 millones de dólares, pero a Danilo Medina le
dijeron que eran 181 millones de dólares, 100 millones de dólares más.
Santana
recordó que, cuando se le pidió una propuesta para sustituir La
Victoria -que entonces albergaba unos 9,300 privados de libertad-
planteó un modelo completamente distinto al que terminó construyéndose.
"La lejanía de Las Parras no es solo un problema
para la justicia dominicana. Es también para las familias de los internos que
tienen que cruzar el pueblo de Guerra para llegar"Roberto SantanaDirector general de Servicios
Penitenciarios y Correccionales“
Su
idea: aprovechar la circunvalación de Santo Domingo y levantar nueve
cárceles de mil plazas cada una, distribuidas cerca
de las comunidades donde viven las familias de la mayoría de los internos.
Propuso
tres centros en el oeste (para Herrera, Los Alcarrizos y zonas aledañas), tres
en la franja norte y tres en el este hasta Boca Chica y
Los Mina. Total: 9,000 plazas, pero repartidas territorialmente, con lógica
comunitaria y cercanas a servicios básicos.
La
clave económica estaba en el suelo: se iban a utilizar terrenos del estado que
pertenecían a los ingenios Haina y Boca Chica. Es
decir, no había que comprarlos.
Con
esa base, Santana asegura que cada cárcel podía salir por 9 millones de
dólares. Nueve centros costarían 81 millones de dólares; ocho, 72 millones. En
pesos de 2016, recalca, la cifra total licitada para el proyecto rondaba los
3,400 millones de pesos.
Sin
embargo, cuando su propuesta llegó a las más altas instancias, alguien la
multiplicó. "Al presidente le llevaron que eso costaba 180 millones de
dólares", relata que le contó un miembro del patronato de
la época.
El
propio patronato tuvo que volver donde el mandatario con
los planos y números de Santana en mano para explicar que
el costo real proyectado era de 81 millones, menos de la mitad
de lo que se había puesto sobre la mesa.
US$
81
Millones,
era la propuesta original de Roberto Santana para construir nueve cárceles
alrededor de la Circunvalación.
Con
esa corrección, el entonces presidente dio luz verde. La
licitación, recuerda Santana, está colgada en el portal de la Procuraduría por
alrededor de 3,400 millones de pesos. Pero no se siguió el plan original: no se
construyeron nueve cárceles, sino un solo gigantesco complejo en un
punto remoto de Guerra, Las Parras.
Cuando
el nuevo gobierno recibe la obra en 2020, las autoridades salientes informan
que ya se habían invertido 7,000 millones de pesos. De ese costo, 1,093
millones se fueron solo en movimiento de tierra. "Esto es un
negocio", sentencia, al describir el costo de nivelar y preparar el
terreno donde se levantaron.
En
tanto que durante los Gobiernos de Abinader se ha invertido entre reparaciones,
correcciones y rediseños 2,300 millones adicionales. Y eso, subraya
Santana, sobre una estructura que hubo que intervenir en un 80 % por problemas
de ejecución.
Por
todas estas irregularidades, declara Santana: "Ese es un caso
que está en la justicia, pero yo creo que al pueblo dominicano hay que
resarcirlo".
Sin
pie ni cabeza
Más
allá del monto, Santana considera que la decisión estratégica fue
equivocada desde la base: "Para mí fue catastrófico cuando me informaron
que, iban a hacer todas las cárceles juntas en un
sitio". A su juicio, concentrar en un solo punto a cerca de 10,000
internos, más el personal y las visitas, desafía criterios básicos de seguridad
y salud pública.
Si
se desata un virus agresivo, argumenta, el tránsito constante de
familiares desde todo el país convertiría el complejo en un amplificador
nacional del problema.
A
esto se suma la distancia. Santana recuerda que el complejo fue levantado a
varios kilómetros del límite municipal y a unos 72 kilómetros del Palacio
de Justicia de la capital, lo que obliga a desplazamientos largos y
costosos para audiencias y traslados. También está lejos del nuevo Palacio
de Justicia del Este.
El
diseño rompe, además, con las normas de Naciones Unidas sobre
cercanía de los centros penitenciarios a las comunidades de origen de los
internos, a servicios de bomberos, hospitales de referencia y redes de
transporte. Justo lo contrario de lo que el propio Santana había defendido en
su propuesta original.
Esa
lejanía no es solo un problema para la justicia. Las familias de los internos
lo sentirán en el bolsillo. Para ir a Las Parras desde Santo Domingo, la
ruta natural obliga a atravesar el congestionado municipio de Guerra. "El
tapón para cruzar ese pueblo y después llegar a Las Parras".
En
qué consistieron algunas de las mejoras ejecutadas en la cárcel
En
los planos originales, cuenta Santana, el personal de seguridad dormía
únicamente en el cuadrante administrativo, lejos de las áreas de mayor riesgo.
"Si se me fuga uno del cuadrante cuatro, en lo que esta gente se despierta
y llegan, ese interno está del aeropuerto para allá", graficó. Para
corregirlo, se construyeron pequeños alojamientos para los agentes en cada
cuadrante, con el fin de tener respuesta inmediata ante cualquier incidente.
Santana explicó que también se introdujeron cambios en las celdas. El diseño
inicial colocaba el inodoro frente a las camas, a la vista de todos, sin pared
ni puerta. Por lo que se levantaron 1,080 paredes y 1,080 puertas para
resguardar esa área. Aunque defiende mejoras en ventilación, iluminación y
pasillos, advierte que todavía está pendiente construir alojamientos para
educación, trabajo y tratamiento, que ahora deberán "fabricarse"
sobre la marcha.
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