La organización propuso
modificar artículo
del nuevo Código Penal, revisar aspectos de
la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) y someter a discusión en el Consejo Económico y
Social (CES) cualquier nueva regulación sobre medios de comunicación.
En un comunicado leído
durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el partido afirmó
que existen "marcadas y malsanas intenciones" de
silenciar la libre difusión del pensamiento y sostuvo que algunas de las
medidas promovidas por el oficialismo guardan similitud con los primeros pasos
de regímenes "totalitarios y dictatoriales".
¿Cuáles son las áreas
de preocupación?
La organización identificó tres
alegadas áreas de preocupación:
- La primera es el nuevo
Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3
de agosto. Según el PLD, las disposiciones sobre difamación,
injuria y el denominado "ultraje a funcionarios" podrían
ser utilizadas para restringir críticas, investigaciones periodísticas o
cuestionamientos a quienes ejercen funciones públicas.
- También cuestionó la Ley
1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A
juicio del partido, conceptos como "intereses nacionales"
y "objetivos nacionales" son demasiado amplios y podrían dar
lugar a interpretaciones discrecionales que afecten derechos
fundamentales, incluida la protección de fuentes periodísticas.
- La tercera objeción recae sobre el
proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y
Medios Audiovisuales, que perimió en el Senado. El PLD planteó
que cualquier nueva propuesta en esa materia sea debatida previamente en
el Consejo Económico y Social (CES) con participación de periodistas,
académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
Para sustentar sus
críticas, el partido apeló a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (TC) sobre libertad de expresión.
Citó la sentencia
TC/0075/16, que declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley
6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la TC/1148/25, que,
según la organización, reafirmó criterios contrarios al uso de la prisión como
mecanismo para restringir la libre expresión.
Precisamente, una
publicación de Diario Libre difundida este fin de
semana evidenció cómo el TC ha ido eliminando restricciones legales que
consideró incompatibles con la Constitución.
Entre ellas figuran
disposiciones que imponían sanciones penales por determinadas
expresiones, castigaban los llamados "mensajes negativos" en campañas
electorales o establecían responsabilidades incompatibles con los estándares
constitucionales sobre libertad de expresión.
Sin embargo, una
particularidad de esos precedentes es que la mayoría recayeron sobre normas
aprobadas antes de la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al
poder en el 2020.
Entre ellas figuran
la Ley 6132, promulgada en 1962, así como la Ley 33-18 de Partidos
Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral, ambas aprobadas durante
gobiernos del PLD y posteriormente modificadas por decisiones
del TC.
Pese a ello, la
organización sostiene que el nuevo Código Penal, la ley de la DNI y
cualquier futura regulación de medios deben ajustarse a los criterios fijados
por el tribunal para evitar que se reproduzcan restricciones que ya han sido
declaradas incompatibles con la Constitución.
Propuestas del PLD
Como resultado,
el PLD propuso adecuar al texto constitucional las
disposiciones del Código Penal relacionadas con difamación, injuria y ultraje
a funcionarios; revisar los aspectos más controvertidos de la ley de la
DNI; y abrir un debate nacional sobre cualquier proyecto que
regule la libertad de expresión y los medios de comunicación. Diariolibre
