Durante
su intervención, Guzmán afirmó que todos sus bienes han sido obtenidos de
manera lícita y producto de años de trabajo.
Entre
las propiedades que dijo poseer figuran un apartamento en Villa Aura, Santo
Domingo Oeste; un local comercial en San Martín; terrenos en Las Guineas, San
Pedro de Macorís, y en la provincia La Vega.
La
imputada aseguró que su sometimiento a la justicia responde a una represalia
del Ministerio Público, luego de que se negara a declarar que el proyecto
inmobiliario Colinas del Oeste pertenecía al mayor general Adán Cáceres
Silvestre, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
“Desde
mi negativa a mantener una declaración falsa, el Ministerio Público decide
comenzar mi cacería”, expresó Guzmán ante las juezas que conocen el juicio, al
tiempo que relató los momentos “de penumbra” que, según dijo, vivió durante su
prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Narró
que fue sometida a condiciones de aislamiento durante 21 días, con
restricciones de movilidad, comunicación y visitas familiares, y que por casi
tres meses no pudo ver a sus hijos. Indicó además que durante las madrugadas
era vigilada constantemente y despertada con luces en el rostro.
En
su defensa, la pastora dijo haberse aferrado a su fe cristiana y a pasajes
bíblicos, citando Romanos 8:28 como su principal sostén espiritual durante el
proceso judicial.
Guzmán
también defendió su actividad empresarial, señalando que es propietaria de las
compañías Randa Internacional Company E.I.R.L., CCNA Universo Empresarial y
Aldom Glass Aluminium. Aseguró que dichas empresas han realizado pagos fiscales
que superan los 80 millones de pesos, lo que, según explicó,demuestra que su
actividad económica no inició ni concluyó con su paso por el Cuerpo
Especializado de Seguridad Presidencial (Cesep).
En
este caso también son procesados el exdirector del Cusep, Adán Cáceres
Silvestre; el exdirector del Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou; el
coronel Núñez de Aza; el cabo de la Policía Nacional e hijo de la imputada,
Tanner Antonio Flete, así como otros exfuncionarios y militares.
De
acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Guzmán habría creado junto a
Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas
para lavar fondos presuntamente desviados de instituciones del Estado, por un
monto superior a los 4, 500 millones de pesos. Fuente:elnuevodiario
