De los 158
municipios que tiene la República Dominicana, solo en 13 de ellos sus
gobiernos locales agotaron íntegramente el ciclo del PPM,
reflejando un 100 % en los indicadores de preparación, participación
social, asignación de fondos y rendición de cuentas para el período 2025.
Ni las alcaldías del Gran
Santo Domingo ni la de Santiago cumplieron a
cabalidad con todos los indicadores de la herramienta, siendo Pedro
Brand la peor de todas, según se evidencia en el Sistema de Monitoreo
de la Administración Pública aplicado a los Gobiernos Locales (Sismap Municipal).
Los municipios de Bánica,
Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní, Villa González, Los Ríos, Jamao al Norte,
Sánchez, El Cercado, San Francisco de Macorís, Partido y Cayetano Germosén
fueron las únicas demarcaciones cuyas alcaldías presentaron evidencias
completas y validadas del PPM, asegurando la transparencia y
su correcta ejecución.
Así lo comunicó
la Liga Municipal Dominicana (LDM) en la que destaca que además
de cumplir con la herramienta, las alcaldías de Bánica,
Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní y Los Ríos dan continuidad a la aplicación
y ejecución de esta, cubriendo todos los trimestres e incluyendo un enfoque
de género y grupos vulnerables.
Baja puntuación
Más de 100 alcaldías presentan
un bajo nivel de cumplimiento en varios indicadores del Sismap,
incluyendo el 7.01 (etapas de participación social en el
proceso de asignación del Presupuesto Participativo), el 7.02
(otorgamiento de fondos y mecanismos de seguimiento del PPM en el presupuesto municipal)
y 7.03 (rendición de cuentas sobre lo comprometido), registrando puntuaciones
iguales o inferiores al 60 %.
Los ayuntamientos de Fundación (14.1
%), Las Charcas (18 %), Sabana de la Mar y Salinas (20.4 %)
figuran como los de peor puntuación en el cumplimiento
del Presupuesto Participativo.
“Este resultado
evidencia debilidades significativas en la implementación de
los componentes fundamentales del Presupuesto Participativo,
reflejando fallas en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de
las decisiones consensuadas con la ciudadanía”, declaró la Liga Municipal.
Sin consecuencia legal
Una fuente del área
municipal explicó que la falta de ejecución de la herramienta por
parte de las alcaldías puede derivar en consecuencias
legales, aunque no de forma directa.
- “Depende de cómo y por qué no se
ejecuta. Por ejemplo, ni la Ley 176-07 ni su reforma por la Ley 75-25
tipifican de manera expresa el simple hecho de no ejecutar el Presupuesto
Participativo Municipal como un delito autónomo. No obstante, sí puede
haber una sanción moral, liderada por el comité de seguimiento y control
municipal y, quizá, una civil, pero de forma indirecta”, indicó.
Agregó que si el
ayuntamiento aprueba el plan de inversión municipal y no
ejecuta las obras sin causa justificada se podrían generar observaciones de
la Cámara de Cuentas y, por tanto, informes negativos de
gestión.
“Es decir, el comité no
castiga, pero pudiera activar los mecanismos de control (Contraloría y Cámara
de Cuentas)”, precisó la fuente, quien prefirió el anonimato.
De acuerdo con la LMD,
la falta de rendición de cuentas trimestral, la ausencia de
evidencias de ejecución financiera, la no conformación o inactividad del comité
de seguimiento, una participación social incompleta o sin
respaldo documental e información cargada fuera de plazo o incompleta son los
principales elementos que incumplen las alcaldías.
Lo que pide la gente
El Presupuesto
Participativo busca la intervención comunitaria,
especialmente en lo concerniente al 40 % de la transferencia que reciben los
municipios del presupuesto nacional, fondos que deben
destinarse a gastos de capital.
Las infraestructuras
más solicitadas por las comunidades en el PPM son el arreglo de calles, pavimentación y
parqueos, la construcción de aceras y contenes y el
mejoramiento de callejones y tramos rurales.
A estas les siguen las
soluciones de drenaje pluvial en sectores vulnerables a
inundaciones, cañadas y obras de mitigación de escorrentías,
según reveló la Liga Municipal.
Los centros
comunales, parques y áreas recreativas, la iluminación pública y
señalización vial, el mantenimiento de infraestructura existente, remozamientos
de instituciones públicas de uso colectivo y obras para grupos
vulnerables (espacios multiuso cercanos a comunidades con altos
índices de carencias) completan la lista de las solicitudes que realizan los
munícipes. Diariolibre
