La
propuesta, contenida en un borrador que descansa en el concejo de regidores al
que tuvo acceso este medio, busca restringir estos vehículos por razones de
seguridad vial, protección patrimonial y control del espacio público
en la principal zona histórica del país.
La
regulación delimita el perímetro estricto: desde la avenida
Mella al norte, el río Ozama al este, el Malecón al sur y la calle
Palo Hincado al oeste, con una extensión adicional hasta la avenida
México. Dentro de ese espacio, el tránsito recreativo de patinetas y
motores quedaría prohibido en calles, aceras, plazas, parques y espacios
públicos.
El
ADN plantea que solo se permitiría su uso como medio de transporte
personal, siempre y cuando el conductor cuente con un permiso emitido
por el Intrant, requisito que hoy la mayoría de usuarios no cumple.
Quienes
circulen sin ese documento serían sancionados con multas que
van desde tres hasta diez salarios mínimos del sector público,
además de la retención del vehículo. Las infracciones reiteradas podrían
costarle a los operadores privados la cancelación de sus permisos de operación.
Fin
a las empresas de alquiler
La
ordenanza también obligaría a las empresas de alquiler de patinetas y motores
eléctricos a descontinuar sus operaciones en la zona en un plazo
de 30 días desde la publicación de la norma. En caso de incumplimiento,
enfrentarían multas, retención de equipos y clausura temporal.
¿Cómo
se aplicarán las sanciones y quiénes serán responsables del control?
El
borrador justifica la medida en base a la conservación del patrimonio cultural
declarado por la UNESCO, el marco legal que protege la Ciudad
Colonial y una serie de incidentes y quejas acumuladas por
el uso indiscriminado de patinetas en aceras, plazas y zonas peatonales.
El
documento compara el caso de Santo Domingo con ciudades como París,
Londres y Singapur, que han aplicado restricciones o prohibiciones
totales debido a accidentes, obstrucción del espacio público y dificultades de
fiscalización.
Según
el Ayuntamiento, los acuerdos firmados desde 2020 con empresas de alquiler
"no han sido cumplidos" y el uso recreativo de estos
vehículos "no es compatible con la vocación histórica y turística de la
zona".
Sanciones
y control
El
cumplimiento de la ordenanza quedaría a cargo de la Policía Municipal,
la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos y la Digesett,
que tendrían facultad para detener los vehículos y trasladarlos a centros de
retención.
El
ADN colocará señalización en todos los accesos a la Ciudad Colonial e
iniciará una campaña para informar a residentes, turistas y comercios.
La
propuesta aún no ha sido votada. Si se aprueba, entrará en vigencia tras su
publicación en un medio de circulación nacional. El Ayuntamiento no ha
informado cuándo será sometida formalmente al Concejo de Regidores. Diariolibre
