La
decisión fue anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo
Pacheco, acompañado por los voceros de las distintas bancadas legislativas.
Según explicó, se habilitó un período para recibir propuestas de
modificación con el propósito de fortalecer el contenido de la legislación
antes de su aplicación.
De
acuerdo con Pacheco, la iniciativa fue acordada en
tre las fuerzas políticas con
representación en el Congreso y comunicada previamente al presidente del
Senado, Ricardo de los Santos.
En las
últimas semanas, diversos sectores han expresado preocupación por varios artículos
del Código Penal, especialmente los relacionados con la libertad de
expresión, la difamación y aspectos vinculados al ejercicio de la medicina.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional estudia varias acciones que
cuestionan la constitucionalidad de algunos de sus contenidos.
El
presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la revisión responde al
interés de perfeccionar la legislación y no a presiones externas. Señaló que
cualquier norma de gran alcance puede ser mejorada mediante el diálogo y el
consenso.
Aunque no
detalló cuáles disposiciones serían modificadas, afirmó que el proceso estará
enfocado únicamente en los puntos que han generado mayores cuestionamientos,
sin reabrir el debate completo sobre la reforma.
Las
propuestas podrán presentarse hasta el 15 de julio. Posteriormente, los
legisladores evaluarán las recomendaciones y determinarán cuáles cambios serán
incorporados durante la actual legislatura, cuya conclusión está prevista para
el 26 de julio.
Pacheco
también indicó que, si el tiempo resulta insuficiente para concluir el proceso,
existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una legislatura
extraordinaria. Asimismo, dejó abierta la opción de posponer la entrada en
vigencia del Código Penal en caso de que sea necesario completar las
modificaciones.
Pese a
las críticas, el legislador defendió la importancia de la reforma al recordar
que incorpora más de 70 nuevas figuras delictivas, entre ellas delitos
relacionados con el crimen organizado, la corrupción administrativa, el
sicariato, las estafas piramidales y los ataques con sustancias corrosivas.
La
iniciativa de revisar la legislación recibió respaldo de distintos
sectores. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) consideró
positiva la apertura del Congreso para evaluar posibles ajustes,
mientras que Participación Ciudadana favoreció que las correcciones se realicen
antes de la entrada en vigencia de la ley, aunque expresó reservas sobre
una eventual prórroga de su aplicación.
Con esta
decisión, el Congreso reabre el análisis de una reforma que permaneció
durante cerca de dos décadas en discusión legislativa antes de ser promulgada
en agosto del año pasado. diariolibre
