La decisión fue adoptada por
el juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la solicitud
de la defensa, al considerar que el peritaje es necesario para garantizar el
derecho de defensa de los imputados y la igualdad de condiciones en el proceso
judicial.
En la misma decisión, el juez
ordenó la extracción completa de datos de un teléfono celular vinculado al
caso, a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como
parte de las diligencias complementarias.
El magistrado estableció que
la defensa había solicitado dichas diligencias desde la etapa de investigación
sin obtener respuesta oportuna del Ministerio Público, lo que habilita,
conforme al Código Procesal Penal, acudir ante el juez para que decida sobre su
procedencia.
En ese sentido, entendió que
la medida es “idónea, razonable y proporcional”, ya que permitirá a los
investigados presentar y contrarrestar pruebas técnicas dentro del proceso,
fortaleciendo un ejercicio de defensa efectivo y material, no solo formal.
El peritaje, que estará a
cargo de un equipo de ingenieros propuestos por la defensa, encabezada por el
abogado Miguel Valerio, abarcará evaluaciones estructurales, químicas y
geotécnicas para determinar las posibles causas del colapso del
establecimiento, incluyendo análisis de concreto, acero, corrosión, cargas
estructurales y posibles factores externos o humanos.
Asimismo, el tribunal fijó un
plazo de 30 días hábiles para la realización de estos estudios, al considerar
excesiva la solicitud inicial de 21 semanas planteada por los abogados.
Con esta decisión de Mejía
Zorrilla, las partes deberán presentar sus conclusiones, tanto el Ministerio
Público como la defensa, antes de un eventual juicio de fondo.
Los hermanos Antonio y
Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, cumplen medida de coerción
mientras son investigados por presunto homicidio involuntario, a raíz de la
tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, que dejó 236 personas fallecidas y
decenas de heridos.
El caso ha generado gran
conmoción en el país y se mantiene en la etapa intermedia del proceso judicial.
El próximo miércoles se cumple
un año del suceso que enlutó a la familia dominicana, marcando uno de los
episodios más trágicos en la historia reciente del país, con un profundo
impacto social y emocional.
Entre las víctimas mortales se
encontraban hombres y mujeres de distintas edades y de diferentes ámbitos
social, incluyendo jóvenes, trabajadores y padres de familia, muchos de ellos
reconocidos en sus comunidades, lo que ha profundizado el dolor colectivo y el
clamor de justicia por parte de los familiares afectados.Elnuevodiario
