, atribuido a los imputados en el expediente conocido como Operación Cobra. La acusación describe un esquema sostenido de facturación irregular, manipulación administrativa y desvío de fondos públicos.
Según
la acusación del Ministerio Público en la Operación
Cobra, el fraude contra el Seguro Nacional de
Salud (Senasa) se ejecutó mediante las siguientes modalidades
operativas:
Servicios
médicos no realizados
Se facturaban estudios, procedimientos y
tratamientos que no fueron ejecutados, utilizando afiliados reales
y prestadores habilitados.
Servicios
parciales cobrados como completos
Procedimientos
realizados de forma incompleta eran reportados como totalmente ejecutados,
generando cobros mayores.
Duplicación de procedimientos
A
un mismo afiliado se le facturaban procedimientos idénticos
en períodos cercanos, sin justificación clínica.
Diagnósticos
repetidos
Se
utilizaban diagnósticos similares o idénticos en distintos pacientes para
sustentar autorizaciones y pagos.
Servicios
médicamente incompatibles
Se
reportaban procedimientos incompatibles entre sí dentro de un
mismo período (por ejemplo, internamientos y atenciones
ambulatorias simultáneas).
Uso
reiterado de afiliados
Determinados afiliados eran
utilizados de manera recurrente como soporte para múltiples
reclamaciones, en algunos casos sin su conocimiento.
Coordinación
administrativa del fraude
Intermediarios
gestionaban la codificación, presentación y seguimiento de
las reclamaciones para cumplir con los requisitos formales del
sistema.
Dispersión de
los pagos
Los
fondos pagados por Senasa eran canalizados a personas
físicas y jurídicas vinculadas a los imputados.
Conversión en bienes
Parte
del dinero fue utilizada para adquirir inmuebles y otros activos, lo que dio
lugar a la imputación de lavado de activos y a la
inmovilización judicial de bienes.
