Aun cuando se han recibido críticas y se ha acusado al país de violar derechos, las acciones no se han detenido
El proyecto,
introducido en el Senado de la República por la Consultoría del Poder
Ejecutivo, modifica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley actual, fortaleciendo
la capacidad del estado para perseguir y sancionar estos delitos. Con ella,
también se amplía y clarifica la definición de tráfico ilícito de migrantes
para facilitar su persecución efectiva; se introducen nuevas sanciones y se
incorporan circunstancias agravantes para autores y cómplices. Estipula que
también serán penalmente responsables quienes, por deber legal o vínculo con la
víctima, omitan actuar para evitar el daño.