Los peritos de la Procuraduría General de la 
República (PGR) trabajan en un vertedero profundo de basura situado a 
unos 10 kilómetros de Cocula en una zona de difícil acceso y a media 
hora de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
Se trata de una área de unos 40 metros cuadrados, 
la mitad de ellos con señales de haber sido quemada, y donde se pueden 
ver bolsas de basura, cajas de madera y restos de ropa y otros desechos.
En una rueda de prensa desde el puerto de 
Acapulco, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR, 
fiscalía), Jesús Murillo, dijo hoy que todavía no saben si en la zona 
hay fosas con restos humanos. "Los peritos están determinando si lo 
son", afirmó.
"Tenemos declaraciones de que en ese lugar se 
concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se 
tomaron acciones diversas", señaló sin precisar de qué tipo.
"No podemos hacer nada hasta tener evidencia clara
 de lo que sucedió allí", apuntó el fiscal, quien añadió que el trabajo 
de los peritos es "muy especializado", se requieren análisis de 
laboratorios y tardan tiempo.
Una docena de expertos forenses han delimitado 
toda la zona con una cinta amarilla y marcado con pequeñas banderas 
naranjas algunos de los puntos del terreno.
La zona permanece fuertemente resguardada por las 
fuerzas federales de seguridad y es rastreada con la ayuda de perros 
entrenados.
La fiscalía llegó al lugar el lunes gracias a las 
declaraciones de cuatro miembros del cártel Guerreros Unidos que dijeron
 haber participado en la desaparición de los estudiantes.
Dos de los detenidos el lunes por agentes 
federales confesaron que recibieron a los jóvenes de manos de policías y
 los otros dos admitieron haber participado como vigilantes del grupo 
criminal la noche de la desaparición.
Como todavía no está claro el paradero de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, las autoridades 
mexicanas continúan las labores de búsqueda.
Murillo destacó que en este caso están 
involucrados "miles de investigadores", lo que muestra el interés del 
Gobierno de hallar "a como dé lugar" a los jóvenes desaparecidos, 
detener a todos los responsables y lograr Justicia.
El 26 de septiembre pasado un grupo de policías 
locales atacó a tiros a alumnos de la Normal por órdenes del entonces 
alcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la 
Justicia al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda, 
considerada la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala.
Esa noche murieron seis personas, entre ellas tres
 estudiantes, y 43 más fueron detenidos por los policías y entregados a 
Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su 
desaparición al creer que eran miembros de Los Rojos, el grupo criminal 
rival. 
 La Casa Blanca preocupada por la desaparición en México 
La Casa Blanca expresó hoy su preocupación por la 
desaparición de 43 estudiantes mexicanos supuestamente a manos de 
policías y criminales en México.
"Obviamente los informes sobre esta situación son 
preocupantes", señaló el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su
 rueda de prensa diaria.
El portavoz aseguró que no ha tratado el tema con 
el presidente estadounidense, Barack Obama, por lo que no está "en 
posición de compartir algún sentimiento personal que pueda tener sobre 
este asunto", dijo a preguntas de la prensa.
El Departamento de Estado consideró a principios 
de mes que el caso exige una investigación "completa y transparente" y 
los responsables "deben ser llevados ante la Justicia".
Los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de 
septiembre en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, 
tras una noche de violencia en la que murieron seis personas a manos de 
policías que presuntamente estaban al servicio del cártel Guerreros 
Unidos.
El Gobierno mexicano ha anunciado que participará 
esta semana en Washington en una reunión de trabajo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares 
dictadas a favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. EFE
 
 
 
 
