Esta posición predominó ayer, durante un encuentro entre la comisión que designó el presidente para elaborar
el proyecto de ley y la comisión del Senado que
estudia la propuesta, y contrasta con la postura del jurista Namphi Rodríguez.
Este presidió la comisión de
abogados y comunicadores que elaboró la pieza a requerimiento del Poder
Ejecutivo, y planteó que se excluyan los medios digitales para, posteriormente, elaborar una
legislación específica sobre el tema.
Incluir las plataformas
En ese sentido, senadores como Antonio Taveras, de la provincia Santo
Domingo por el Partido Revolucionario Moderno, y Félix Bautista, de la
provincia San Juan por la Fuerza del Pueblo (FP), defendieron incluir los medios digitales en
el proyecto, señalando que la regulación es un mandato constitucional cuando se
trata de derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Ambos coincidieron en que el objetivo del proyecto no es censurar, sino garantizar este
derecho en igualdad de condiciones y con responsabilidad, además de proteger a
los ciudadanos de campañas de difamación sin fundamento, especialmente en
entornos digitales.
De ahí que Taveras y Bautista reiteraron su rechazo a la idea de separar
la regulación de los medios tradicionales
y los digitales en proyectos legislativos distintos.
Escuchar a todos
Aunque se ha mostrado más neutral por su
rol como presidenta de la comisión que
revisa la propuesta de ley, la senadora
Aracelis Villanueva, de San Pedro de Macorís por el PRM, dijo que es ese equipo
que ella dirige el que tiene la última palabra sobre el tema, aunque se mostró
abierta a escuchar a todos los sectores que serían impactados con
la ley.
Villanueva dijo que respeta la postura de Namphi Rodríguez para que
las plataformas sean excluidas del proyecto, pero recordó que el sentido de la ley es proteger a todos los involucrados por
igual.
El CDP
A su vez, el presidente del CDP, Aurelio Henríquez, miembro de la comisión designada por Abinader, subrayó que
el proyecto fue trabajado durante más de dos años y
conllevó consultas a organismos internacionales como la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A su juicio, las críticas que
surgen sobre la propuesta se originan por "el desconocimiento de los
alcances del proyecto", lo que podría
superarse con una lectura más profunda y la difusión de los glosarios que
acompañarán el texto.
Enfoque integrado
El abogado Eric Raful, quien es miembro de la comisión que elaboró el proyecto de ley, también
participó en la reunión con el Senado y allí
dijo que, a diferencia de la propuesta de Rodríguez que sugiere dividir
la regulación entre medios tradicionales
y digitales, el enfoque del proyecto es mantener una regulación integrada.
Esto, según afirmó, permite una protección más coherente y efectiva de
todos los actores que forman parte del sistema
comunicacional actual.
En ese sentido, el proyecto se
enfoca en la regulación de las grandes plataformas digitales más que en los productores individuales
de contenido, como youtubers o creadores
independientes.
Estas plataformas grandes, según dijo Raful, ya están sometidas a regulaciones a nivel internacional, y el proyecto que se estudia en el Senado busca establecer un marco legal local que
les exija mayor responsabilidad frente a las publicaciones dominicanas.
Leyes diferentes
En el encuentro, el abogado Namphi
Rodríguez sostuvo que incluir las plataformas digitales en una misma ley con los medios tradicionales
podría generar confusiones jurídicas y operativas.
Desde su rol como asesor, académico y abogado, propuso a
la comisión de senadores que explore modelos
regulatorios distintos para los medios tradicionales
y los digitales, pero se mostró abierto a cualquier decisión
de la comisión.
El futuro de la ley
