“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.
El cadáver del abogado fue hallado por un pescador, quien al notar un cuerpo con una cadena en el cuello, atada a un block sumergido en el río de Manoguayabo en Hato Nuevo, provincia de Santo Domingo, dio la voz de alerta al sistema de emergencias 911. Su rostro presentaba un impacto de bala en un ojo.
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y los videos de seguridad recolectados por las autoridades determinaron que el catedrático había sido asesinado en las inmediaciones de la UASD.
Su muerte no vino sola, destapó un escándalo de corrupción que se ejecutaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que llevó a la cárcel a varios empleados de esa institución, en especial a su entonces director, Manuel Rivas, acusado entre otras cosas de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos.
A tres años de su muerte, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de cometer el crimen, continúa sin ser extraditado a República Dominicana.
En febrero de este año, la Procuraduría General de la República informó que la solicitud de deportación hecha por el país obtuvo ganancia de causa en primer grado, pero la defensa apeló y se está a espera de su fallo.
Este hecho conocido de forma judicial como “caso Yuniol Ramírez”, puso en prisión a varias personas, algunas de ellas se encuentran ya en libertad luego de que se apelara su condena, se demostrara que no existían las suficientes pruebas para mantenerlos en prisión, se procediera al pago de alguna fianza, entre otros aspectos.
Los imputados que mantienen prisión son José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).
El Grande es señalado como la persona que ayudó a Argenis Contreras a asesinar a Yuniol Ramirez. Mientras que el expediente articulado por la Fiscalía apunta que Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu ayudaron a Contreras a buscar los instrumentos para encadenar el cuerpo y tratar de deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que ella instrumente nuevas acusaciones, que las reformule, que la amplíe y que meta a todo el que sacaron y a los que faltan”.
Así se expresa Ramón Ramírez, hermano de Yuniol Ramírez y el abogado que lleva el caso desde hace tres años. Sus esperanzas sobre el destino de su acusación ante la justicia han vuelto a relucir, luego que el nuevo gobierno de Luis Abinader designara a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y esta a su vez le quitara a la fiscalía del Distrito Nacional, varios casos de corrupción en los que se encuentra el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra el caso de su hermano.
“Tan pronto nos enteramos de esa situación le solicitamos por escrito una solicitud a la procuradora Miriam Germán, a los fines le solicitamos una reunión con ella o la persona que ella asigne para darle información muy importante acerca del caso, ya que los que acompañaron a Argenis a matar a Yuniol andan ahí sueltos y se sabe y todo el mundo sabe quiénes son y estamos esperando que convoquen a uno”, dice Ramón.
Otro paso ante la justicia que ha dado Ramírez, lo hizo en agosto de este año luego de que la jueza Solange Vásquez, del cuarto juzgado de instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, dejara en libertad a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA.
Ramón Ramírez la acusa ante el Consejo del Poder Judicial de actuar de espaldas a la ley, ya que el proceso que se llevó a cabo de forma virtual por la pandemia del Covid-19, se hizo sin convocarlo, uno de los querellantes en el caso.
En una rueda de prensa con distintos medios de comunicación Miriam Germán, indicó que todos los expedientes que la Procuraduría adquirió de la Fiscalía del Distrito están siendo estudiados.
Para ella el tiempo que ha pasado para traer a Argenis Contreras al país ha sido bastante.
“Realmente es bastante el tiempo que ha pasado”, enfatizó.
Para muchos el tiempo se calcula dependiendo del nivel de sus sentimientos, un minuto puede durar una eternidad o ser efímero, y calculando la espera de justicia, tres años es como toda una vida. Fuente:Listindiario
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