El 28 de septiembre se conmemoró el Día de acción por el aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe. Desde las perspectivas de derechos humanos y de salud pública, a todas luces, la interrupción del embarazo debería no solo dejar de ser considerada un acto criminal sino legalizarse como ya ocurre en Cuba, Uruguay, Puerto Rico y la Ciudad de México. Sin embargo, gobiernos y grupos conservadores insisten en que el aborto debe equipararse con un asesinato y por ello, en 11 países de la región hay mujeres encarceladas por esos actos, según la iniciativa Mira Que Te Miro.
Sin embargo, algo está cambiando en las Américas en el tema del derecho a decidir. El mundo puso los ojos en Argentina gracias al debate que se dio cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma que legalizaría el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Si bien luego el Senado la rechazó, este movimiento social, representado por el pañuelo verde, llegó para quedarse, no solo en el país sino en la región. En algunos casos despertó reacciones en movimientos y gobiernos conservadores y en otros, renovó las fuerzas para la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En un artículo que escribió Zeid Ra'ad Al Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -antes de dejarle el cargo a Michelle Bachelet- mencionó que los casos de las mujeres condenadas a 30 años de cárcel en El Salvador por haber tenido abortos espontáneos son de las injusticias más fuertes que ha visto en el mundo. El país centroamericano tuvo una oportunidad clave para despenalizar el aborto bajo ciertas causales al final de la pasada legislatura en el Congreso local. Lamentablemente, los diputados optaron por no discutir el tema y de esa forma continúa como uno de los territorios con las leyes más restrictivas del mundo en cuanto al aborto.
La Iglesia católica y grupos evangélicos se han movilizado mucho por toda la región a raíz de lo sucedido en Argentina.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales intenta desviar la atención de la crisis política que enfrenta su país debido a la corrupción, haciendo que se enfoque en la iniciativa 5272 de "la vida y la familia" que se discute en el Congreso. Dicha iniciativa busca, entre otras cosas, que se endurezcan las penas a las mujeres que tengan un aborto bajo cualquier circunstancia. Cabe mencionar que Guatemala actualmente tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de toda la región, por lo que de aprobarse la iniciativa esta situación podría agravarse aún más.
La Iglesia católica y grupos evangélicos se han movilizado mucho por toda la región a raíz de lo sucedido en Argentina. Ejemplo de ello es Brasil, donde uno de los candidatos punteros para la presidencia ha recibido el apoyo de esos sectores: Jair Bolsonaro ha ganado adeptos entre la clase ultraconservadora al prometer que vetaría cualquier intento de decriminalizar el aborto bajo otras causales que no sean las que ya existen, que son peligro de muerte de la madre o violación. El debate sobre el aborto en Brasil en los últimos años se reavivó en parte debido a la epidemia de Zika, que se sabe que puede causar malformaciones congénitas cuando la mujer embarazada contrae el virus.
República Dominicana representa otro frente en la batalla por el aborto legal. En abril de este año, se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para despenalizar el aborto en 3 causales: riesgo a la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, los diputados aún no deciden sobre su aprobación a pesar de que el presidente del país, Danilo Medina, está a favor de la propuesta.
Los crímenes de pederastia clerical acontecidos en el país, sumados a las marchas multitudinarias a favor de la iniciativa, ha provocado que cada vez más legisladores apoyen públicamente el proyecto. Esto se determinará en los próximos meses y permitiría que Dominicana deje de pertenecer al pequeño grupo de países donde el aborto está totalmente prohibido, que incluye también a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.
Otro asunto preocupante es que en este año se ha intensificado la violencia hacia las defensoras de los derechos de las mujeres.
Uno de los países que recientemente salió de ese grupo fue Chile, donde el año pasado se eliminó la restricción total al aborto y ahora se permite bajo las tres causales (riesgo a la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Ahora, el movimiento feminista va por una ley que permita la interrupción legal del embarazo en cualquier circunstancia y, para ello, las calles han visto una ola de mujeres portando pañuelos verdes como en Argentina.
Hace unos meses, grupos feministas en Venezuela presentaron una propuesta para despenalizar el aborto ante la Asamblea Nacional Constituyente. El problema es que la poco operante Asamblea no ha dado trámite a la propuesta y menos en el contexto de emergencia que vive el país. Cabe mencionar que la crisis económica ha pegado fuertemente a la provisión de métodos anticonceptivos y otros insumos médicos en el país, lo cual ha provocado un aumento en embarazos no planeados y en partos que no son atendidos por personal capacitado o con el material necesario para garantizar la calidad en la atención.
Por su parte, en México la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió ante la prensa que en el próximo sexenio se buscará despenalizar el aborto en todo el país. Esto prendió las alertas de grupos antiderechos que se vieron desdibujados ante los malos resultados que sus aliados tuvieron en las pasadas elecciones federales y estatales. De acuerdo con el informe del Grupo de Reproducción Elegida (GIRE) que fue presentado hace unos días, hay más de 100 mujeres en la cárcel por interrumpir su embarazo y muy poco ha cambiado en los últimos 10 años desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas pero varios estados de la República aprobaron leyes en sentido contrario, para criminalizarlo.
El aborto no es solo un tema de salud, es también un tema de justicia social.
El balance indica que son más los prospectos de liberalizar las leyes, pero los movimientos conservadores no han bajado la guardia, incluso en los países donde el aborto ya no está penalizado como es el caso de Puerto Rico. Recientemente, se ha dado un intento en el Senado de restringir ciertos aspectos de la interrupción legal del embarazo, sobre todo para menores de edad o para mujeres con más de 12 semanas de embarazo.
Otro asunto preocupante es que en este año se ha intensificado la violencia hacia las defensoras de los derechos de las mujeres: grupos que se llaman a sí mismos "provida" han amenazado de muerte a activistas en Brasil y Argentina; en Chile, durante una marcha por la despenalización del aborto, dos jóvenes fueron apuñaladas por sujetos desconocidos; en Buenos Aires, las instalaciones de dos ONGs fueron vandalizadas y tanto activistas como legisladores que votaron a favor a la iniciativa han recibido amenazas. Y qué decir de las redes sociales, donde la virulencia de los comentarios y ataques antiderechos por internet han ganado fuerza.
El aborto no es solo un tema de salud, es también un tema de justicia social. Incluso en los países donde está prohibido, las mujeres con recursos que necesitan interrumpir su embarazo encontrarán la forma de hacerlo sin correr riesgos, pero las que no tienen recursos pueden acabar muertas o en prisión si lo hacen.
Por ello, el lema de la campaña del 28 de septiembre de este año es "Diversas acciones, diferentes lugares, una misma demanda: ¡aborto legal y seguro ya!" que representa un llamado a los gobiernos de todos los países a garantizar el aborto en condiciones legales y seguras, sin restricciones de ningún tipo y sin estigma hacia las mujeres que lo hagan. Fuente:msn
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