Representantes del gobierno de República Dominicana negaron la realización de expulsiones arbitrarias masivas de su territorio de dominicanos y/o inmigrantes por cuestiones raciales, como ha sido señalado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas víctimas de esas deportaciones y cuyos delegados sostienen son parte de un patrón de discriminación que se mantiene hasta la fecha.
En el segundo y último día de una audiencia pública realizada en la ciudad de México, los representantes gubernamentales cuestionaron tanto la veracidad sobre la nacionalidad de algunas de las presuntas víctimas como que haya ocurrido hace más de una década la deportación que reclaman, además de que rechazaron que exista una política de gobierno de discriminación racial institucional como alegan las organizaciones que llevaron la denuncia ante el tribunal interamericano.
La CorteIDH analiza el caso conocido como “Tide Méndez y otros vs. República Dominicana”, relacionado con la expulsión de 27 personas, y que es presentado como muestra de un patrón de discriminación y supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante redadas y repatriaciones masivas en la década de 1990 y que se extendería hasta la fecha.
“No hay prueba documental, no hay testigos, no hay nada, sólo la declaración y con irre- gularidades importantes”, dijo José Casado-Liberato, analista de derechos humanos de la cancillería dominicana.
Los representantes de las víctimas han criticado en los dos días de la audiencia la negativa permanente del gobierno dominicana a reconocer las expulsiones arbitrarias y los patrones de discriminación.
Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y uno de los representantes de las víctimas, dijo que el gobierno de República Dominicana se ha caracterizado por su “negación absoluta de este problema” que, aseguró, afecta a la población negra, incluidos dominicanos, como dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos.
Una perito convocada por las organizaciones civiles señaló que en los últimos 13 meses se habrían producido más de 47,000 deportaciones desde Dominicana, según datos que dijo haber obtenido de las fuerzas armadas.
Santos Miguel Román, subdirector de migración del Ministerio del Interior y Policía de Dominicana, rechazó la cifra y aseguró que el ejército no realiza expulsiones. La víspera, un hombre que se identificó como William Medina Ferreras y que dijo ser dominicano, relató cómo hace casi 13 años fue deportado junto con su familia, pese a mostraó fotocopias de su cédula de identidad y acta de nacimiento dominicanas.
UNICEF ADVIERTE SOBRE LAS REPERCUSIONES
El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) dominicano, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven irregularmente en el país, “puede tener repercusiones devastadoras sobre miles de niños”, advirtió ayer Unicef.
“Las disposiciones de la nueva sentencia pueden colocar a estos niños en riesgo de deportación, en violación de los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los artículos 12 y 15”, señaló. A su vez, el organismo instó al Gobierno de República Dominicana a aprobar, un procedimiento que proteja el derecho de todos los niños.
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