SANTO DOMINGO. La comunidad de personas con VIH expuso esta semana las historias de discriminación y violación de derechos a que dicen ser sometidas, en un "Dialogo Nacional sobre VIH y Derechos" auspiciado por el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el encuentro, Miledys Aquino (nombre ficticio) denunció que el pastor de una iglesia de Higüey se negó a casarla por su condición de salud.
"Yo tenía una relación formal con un hombre que no era seropositivo, soy de esa iglesia hace mucho tiempo, y cuando le pedí al pastor que nos casara por su iglesia, me dijo que no, que las personas con VIH tenían que contraer matrimonio con otra persona con esa condición", narró entre sollozos Aquino.
El Diálogo Nacional puso frente a frente, en la misma mesa discusión, a funcionarios y personas con VIH para tratar los problemas relacionados con la atención, el acceso a la educación, la calidad de los servicios, el ámbito laboral y hasta la religión, entre otros temas.
Entre los funcionarios participantes estuvieron el ministro y el viceministro de salud, doctores Freddy Hidalgo y Nelson Rodríguez Monegro, así como el director del CONAVIHSIDA, doctor Víctor Terrero, entre otros.
Más de 60 personas, entre líderes de la comunidad seropositiva, grupos de apoyo y pacientes del Programa Nacional de Atención Integral, pusieron sobre el tapete historias de estigma y exclusión, que van desde negación de atención medica hasta separación de los centros de trabajo.
En el marco del encuentro, la abogada Indiana Jimenez denunció la cancelación de un joven, al que ofrece asistencia legal, en una empresa de Santo Domingo por su condición de salud.
"Estas violaciones ocurrieron cuando la empresa le realizó un test de detección de sífilis sin su conocimiento ni consentimiento", explicó la profesional.
Dijo que le hicieron el análisis bajo el alegato de que era para conocer su tipo de sangre. "La víctima nos confesó sentirse engañada, utilizada y a la vez impotente por no sentirse segura y protegida ya que desconfía de la eficacia del proceso judicial, entendiendo que el mismo es un proceso prolongado, lento y que podría quedar desempleada por un largo tiempo sin recursos para subsistir, además que no cuenta con dinero para pagar un abogado", narró Jimenez.
Otra de las participantes narró que a la hora del parto de su hijo le hicieron una prueba de VIH y no le dieron los resultados.
"Me lo dijeron seis meses después, y por esa negligencia de los médicos, mi hijo nació con el virus pudiendo ser evitado a través de los procedimientos del Programa de Transmisión Materno Infantil", explicó.
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