Periódico El Nacional dedica editorial a La Frontera...


     La ley 28-01, que crea una  zona especial de desarrollo fronterizo,  ha cumplido 12 años de vigencia, tiempo suficiente para que  Gobierno y Congreso evalúen si ese estatuto de incentivo fiscal ha cumplido  su cometido de  incrementar empleos y elevar la calidad de vida de los residentes en esa zona deprimida.      Esa legislación otorga facilidades y exenciones a las  empresas que se establezcan en Pedernales, Elías Piña, Independencia, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Baoruco, como forma de  evitar el éxodo masivo de residentes  a causa del desempleo o carencia de oportunidades para generar negocios.

     En la ley se establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas,  zonas francas, turísticas o eléctricas que se  asienten en la franja  fronteriza,  dispondrán de exoneración en un cien por ciento de los impuestos internos durante un periodo de 20 años, además de una reducción de un 50 por ciento en los  costos de transportes y servicios aduanales.
     Tales incentivos deberían motivar a inversores nacionales y extranjeros a levantar unidades productivas en cualquiera de esas siete provincias, en el entendido de que disfrutarían de una ventaja competitiva incomparable, a lo que se agrega  que  la mano de obra es relativamente barata.
     La Asociación de Industrias y otros gremios empresariales han objetado la referida ley, porque  a su juicio genera competencia desleal, impide  el ingreso al Estado de más de mil millones de pesos anuales en impuesto y porque no ha tenido los efectos positivos  de empleo y calidad de vida previstos por el legislador.
      También se afirma que  no pocos empresarios usan ese estatuto sólo  como mascarada para evadir  el pago de tributos mediante artificios como  la instalación de  industrias en la zona fronteriza que  en realidad sólo operan como almacenes.
     Es por eso que  se aconseja a Gobierno y Congreso revisar la referida legislación, aunque las razones de  su aprobación y promulgación hace 12 años, de promover empleo y desarrollo social en las provincias fronterizas, están vigentes y son válidas.
     La franja limítrofe requerirá siempre de un tratamiento especial, en términos de inversión, incentivo a la producción y a la comercialización, aunque sin crear excesivos privilegios ni  ninguna  forma de  competencia desleal. Por muchas razones, un empleo en la frontera vale oro.